El Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas presenta Observaciones y recomendaciones al proyecto de Decreto “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 985 de 2005”.

El Centro Pensamiento sobre Trata de Personas, adscrito a la Fundación Mariano Ospina Pérez, en ejercicio de uno de sus objetivos, el análisis y la evaluación de la política pública contra la trata de personas,  se permite presentar las siguientes observaciones y recomendaciones al proyecto de Decreto “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 985 de 2005”

En primer lugar, reconocemos el esfuerzo y compromiso por parte del Ministerio del Interior en la coordinación para la elaboración del proyecto de decreto reglamentario de la ley 985 de 2005, y a su vez valoramos la amplia socialización de este documento a las organizaciones de la sociedad civil, en especial por que son ellas quienes muchas veces ofrecen la atención integral a las víctimas en el terreno.

A continuación presentamos algunas observaciones:

  1. Definiciones:

a)      Asistencia mediata: Aunque es claro que este decreto es reglamentario de la ley 985, consideramos que este documento podría proponer desde la misma definición, que la asistencia mediata no esté supeditada a la denuncia. Creemos, que supeditar la atención a largo plazo a la denuncia por parte de las víctimas es inconstitucional, dado que se estaría vulnerando el derecho fundamental a la igualdad establecido en la constitución política, el cual a su vez esta mencionado como principio en el proyecto de decreto de la ley 985 de 2005.

  1. Principios:  Consideramos que se deben adicionar y desarrollar los siguientes principios:

a) Dignidad: Toda vez que este es el principio rector sobre el cual se fundamentan todas las acciones de lucha contra la trata de personas.

b) Buena Fe: Es fundamental que dicho principio sea mencionado explícitamente toda vez que en todas las acciones de lucha contra la trata de personas se debe partir de este principio.

  1. Competencias:

Consideramos que dentro de las entidades encargadas de la gestión a nivel nacional es importante incluir al Departamento de la Prosperidad Social (DPS), ya que a este departamento están adscritas dos entidades de fundamental importancia en el proceso de la asistencia a las  víctimas de la trata de personas: tanto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE).

Adicionalmente, nos parece que dejar la competencia de seguimiento y coordinación de la asistencia integral a las víctimas al Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas lo hace poco operativo y eficiente. Por lo anterior, sugerimos retomar la idea establecida en la ley 985 de 2005, artículo 15 parágrafo 1º, en donde se indica que “para el eficaz cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá integrar grupos especializados en las distintas áreas”, por lo tanto se podría pensar en que para las funciones de seguimiento y coordinación se podría conformar un grupo especializado encargado de la labor de seguimiento y coordinación a la asistencia a las víctimas de la trata de personas.

4.       Asistencia inmediata:

En el artículo 7º, respecto a la coordinación ante la noticia de una víctima de trata interna, consideramos poco operativo que la noticia se deba informar primero al Ministerio del Interior para que esté a su vez informe a los comités departamentales o municipales, lo más eficiente sería que las instancias locales tengan posibilidades de recepcionar inicialmente la noticia y desde lo local empezar el procesos de la asistencia integral a las víctimas, de esta manera se hace más operativa la atención y protección a las víctimas y así se puede responder de manera más expedita a las necesidades urgentes de las víctimas.

En lo relacionado con la repatriación de la víctima extranjera al país de origen, artículo 9º, consideramos qué además de la opción del retorno al lugar de origen, se deben prever medidas y programas, para que en caso que la víctima extranjera quiera permanecer en el territorio colombiano tenga la posibilidad y el derecho de hacerlo.

5.       Asistencia mediata:

Si en la definición de la asistencia mediata, se indica que el objetivo de este tipo de asistencia es “La acción del Estado encaminada a proteger y asistir a la víctima, brindándole la atención suficiente tanto física, como mental y social para su restablecimiento o estabilización integral”, no se entiende porque solo se supedita este tipo de asistencia a las víctimas que denuncian. Aunque somos conscientes de la redacción y contenido de la ley 985 de 2005, consideramos que esté proyecto de decreto debe avanzar en la protección y restablecimiento de los derechos de las víctimas y proponer una reglamentación  o una salida jurídica al tema del requisito de la denuncia para el acceso a la asistencia mediata, de lo contrario se estaría repitiendo el grave error establecido en la ley 985 de 2005, atentatorio al derecho fundamental a la igualdad.

Respecto al tema de la asistencia médica y psicológica, en el parágrafo 1º del artículo 20, se sugiere diseñar un modelo y protocolo específico para trata de personas, teniendo en cuenta que circunscribirlo al tema de violencia sexual dejaría de lado otras situaciones y tipos de violencias que se presentan con ocasión del delito de la trata de personas, así como la asistencia médica y psicológica, la cual debe ser diferencial dependiendo del tipo de explotación que haya sido vivido por la víctima.

6.       Asistencia y protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de trata de personas

Consideramos que hay que revisar nuevamente la redacción del artículo 31 respecto a la medida propuesta de reintegración del niño, niña o adolescente en su entorno familiar. Recordemos, que muchas veces los padres son quienes someten a los NNA a las situaciones de explotación, por lo tanto proponer la reintegración del niño a su entorno sin una previa evaluación de su hogar puede contribuir a generar procesos de re victimización de los NNA.

7.       Comités Departamentales, Distritales y/o Municipales

No se entiende de la redacción del artículo 34 si se crearán nuevos comités o si se re estructuran los ya existentes, pareciera que se está partiendo de ceros respecto al tema de la creación de los comités locales. En ese sentido, nos parece que se debe reconocer la existencia y las experiencias de los comités existentes en casi todo el territorio nacional.

Respecto a las funciones de los comités, consideramos que se circunscriben al tema de la asistencia integral a las víctimas y la protección, desdibujando el sentido que se le había atribuido inicialmente a los comités locales en la ley 985 de 2005, los cuales a replica del comité nacional, tiene por función ser consultivos y coordinadores de los temas contra la trata de personas.  Por lo anterior se sugiere que en vez de crear nuevos comités se fortalezcan los ya vigentes y para el caso de las competencias en la asistencia integral y protección a las víctimas conformar un grupo especializado dentro del comité que se encargue de estas funciones.

Adicionalmente, consideramos que a nivel general el Ministerio del Interior, no debería ser la entidad encargada de coordinar y brindar la asistencia a las víctimas de la trata de personas, recordemos que los Ministerios formulan políticas y en el caso de la lucha contra la trata de personas asesora, recomienda y hace seguimiento a la política. Por lo anterior, se sugiere vincular en estos espacios entidades como el DPS quienes podrían ejecutar e implementar dichas políticas.

 8.       Duración y terminación de las medidas de asistencia:

Se sugiere revisar los términos de las etapas de la asistencia, especialmente la que tiene que ver con la asistencia inmediata, limitar este tipo de ayuda a solo cinco días puede ser contraproducente, en muchos casos este tipo de asistencia requiere de más tiempo. Por ejemplo, es común encontrar casos en los cuales las víctimas tienen problemas de salud que deben ser atendidos en el lugar de recepción de la víctima y que tienen una duración mayor a los cinco (5) días, a su vez  muchas veces no se pueden encontrar a los familiares o allegados por lo que la estadía en el sitio de recepción se prolonga por más de cinco días. Como estas situaciones se pueden presentar otras similares, por lo que sugiere dar un término más amplio a la asistencia inmediata.

9.       Recursos presupuestales:

Preocupa la redacción de este artículo ya que el presupuesto  se supeditan a la operativización del fondo establecido en la ley 985 de 2005. Consideramos que es una debilidad latente, ya que a la fecha uno de los principales vacíos  de la mencionada ley es la implementación de dicho fondo. Entre los aspectos que se pueden mencionar que dificultaron la implementación se resalta que dicha cuenta especial se abrió desde el año 2008 pero sin fondos. No fueron apropiados recursos del presupuesto nacional con cargo a este fondo y por lo tanto no dio lugar a la creación de ningún programa nuevo por parte de las entidades que componen el comité con cargo al fondo.

En la práctica, las acciones que desarrollan las entidades contra la trata de personas, no están determinadas por rubros particulares ni de funcionamiento ni de inversión, estas se cubren de manera engoblada a través de otras líneas presupuestarias. Adicionalmente, con el objetivo de operativizar el fondo, es necesario qué en primer lugar dentro de la estructura de funcionamiento del Ministerio del Interior, se le asigne la competencia para ser administrador de recursos estatales respecto a las acciones contra la trata de personas. En términos de competencia el Ministerio del Interior, no tienen la posibilidad de recibir recursos de otras entidades públicas  bajo el esquema de una cuenta especial, para que esto ocurra y que el fondo se nutra de diferentes apropiaciones presupuestales se propone la creación de una cuenta de orden. La creación de esta cuenta, permitiría que los recursos asignados al fondo no entren al presupuesto ordinario del Ministerio, permitiendo que se maneje como una cuenta aparte a la cual ingresaría y egresarían los recursos que destinen todas las entidades contra la trata de personas.

Por lo tanto la redacción del artículo 42 del proyecto de decreto, podría traer como consecuencia práctica que todas las medidas establecidas en el decreto se conviertan en letra muerta dada la falta de recursos para implementarla.

Cordialmente,

Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas

Fundación Mariano Ospina Pérez